Por ainhoa_yeles15 @ 23:23
LA INSURRECCIÓN MILITAR Y SU RESPUESTA
La sublevación militar se inició en Melilla el 17 de Julio de 1936.
Poco después el general Franco vuela desde Canarias a Tetuán (Marruecos) en el Dragon Rapide alquilado en Londres por el corresponsal del diario ABC Luís Bolín y toma el mando del ejército de África.
Las primeras acciones de represión fueron contra los militares que no se sumaron al golpe. El jefe militar de Melilla, el general Romerales, fiel a la república, fue fusilado, acusado por los golpistas de rebelión militar. La misma pena fue aplicada por el General Mola al jefe de la división orgánica de Burgos, el general Doménech Batet, fusilado el 18 de febrero de 1937. De hecho, esta acción se repitió a menudo con los mandos militares y civiles que se mantuvieron fieles a la República y se negaron a colaborar con los golpistas. Esto ponía de manifiesto que los insurrectos, desde el principio, querían imponer una nueva legalidad mediante la violencia, aunque fuera tergiversando la ley existente.
El 18 de julio se alzó en Sevilla el general Gonzalo Queipo del Llano y, durante la noche del 18 al 19, el general Mola y otros jefes militares declararon el estado de guerra en el resto de España.
Desde el primer momento, el territorio nacional quedó dividido en dos zonas en función del éxito que obtuvieron los militares sublevados. Prácticamente se reproducía el mapa resultante de las elecciones de febrero de 1936; salvo casos aislados, los militares triunfaron en aquellas provincias donde fueron más votadas las candidaturas de derechas, mientras que fracasaron en aquellas donde la victoria electoral correspondió al Frente Popular.
De esta forma, los rebeldes habían triunfado en la España rural (Castilla, Aragón, Galicia, Navarra, Álava, norte de Extremadura y parte de la Andalucía occidental, además de Mallorca y Eivissa, Canarias y el protectorado de Marruecos). El resto del país se mantuvo fiel a la República, que conservaba las ciudades más importantes y las zonas industriales. Por tanto desde el punto de vista económico el bando republicano tenía ventaja.
Las tropas africanas, además, habían quedado frenadas en el estrecho de Gibraltar, donde la Armada, que se había mantenido mayoritariamente al lado de la República, les cerraba el paso.
De cualquier forma, el comienzo de la guerra estuvo vinculado al plan establecido previamente por los conspiradores en la primavera de 1936 y en el que participaron mandos militares (la antirrepublicana Unión Militar Española (UME) y la Junta de generales (de la que Emilio Mola era el coordinador), monárquicos, tradicionalistas (carlistas) y otros sectores de extrema derecha).
En las primeras semanas del levantamiento, en la España leal a la República se crearon numerosos comités locales y provinciales que asumieron de manera espontánea la administración de los ayuntamientos y de las instituciones para garantizar el abastecimiento, la asistencia social, la creación de milicias populares, el orden público, las comunicaciones, etc. El gobierno de la República, los gobiernos del País Vasco y de Cataluña, y los alcaldes continuaban representando la legalidad formal, pero no tenían los resortes reales del poder ni la capacidad de hacer cumplir sus decisiones.
Así durante los tres primeros días del golpe, que eran esenciales para sofocarlo, el Gobierno tuvo tres presidentes, Santiago Casares Quiroga, el día 18; Diego Martínez Barrio (que intentó sin éxito, pactar con el General Mola) el día 19 y José Giral, el día 20, este ultimo repartió armas entre los sindicatos y partidos que las pidieron (esta fue una decisión muy polémica, ya que no todos estaban de acuerdo).
El poder popular, espontáneo, plural y contradictorio, a pesar de no tener unidad ni coherencia política consiguió, durante los tres primeros meses, desplazar en las decisiones a los políticos. En algunas ocasiones y en determinadas zonas se cometieron muchos abusos de poder y numerosos asesinatos, sobre todo asesinatos a miembros del clero.
Además, en la zona de la República, el Ejército prácticamente había desaparecido, ya que el Gobierno había licenciado a todos los soldados que realizaban el servicio militar con la ingenua intención de restar base a los rebeldes. Obviamente, en el bando insurrecto no sucedió lo mismo. Por eso, el esfuerzo militar de los republicanos en los primeros meses de la guerra fue asumido por las milicias populares, formadas por civiles voluntarios bajo asesoramiento militar, y organizados por los grupos políticos de izquierda y por los sindicatos.
En la zona insurrecta, los generales rebeldes fueron sustituyendo, mediante el uso de la violencia, a los alcaldes, los gobernantes, los jefes militares, etc., que representaban la legalidad vigente. Muchos de los responsables, militantes o simpatizantes de los sindicatos y de los partidos que integraban el frente Popular fueron asesinados o fusilados sin juicio.
La respuesta a la insurrección militar había dejado a España dividida en dos zonas, cada una con un ideario radicalmente diferente, el plan conspirador había fracasado y el pretendido pronunciamiento decimonónico se convertiría en una guerra larga y cruel de tres años, que los insurrectos no habían previsto.
Conviene tener presente, además, que la población civil quedó situada forzosamente en un bando o en otro, sin poder decidir sobre su adscripción ideológica, ni sobre las actuaciones sociales y económicas de ninguna de las dos zonas.
Tropas el 19 de julio.
Edificios con carteles falangistas
Pueblo en el si triunfó el alzamiento.
La sublevación militar se inició en Melilla el 17 de Julio de 1936.
Poco después el general Franco vuela desde Canarias a Tetuán (Marruecos) en el Dragon Rapide alquilado en Londres por el corresponsal del diario ABC Luís Bolín y toma el mando del ejército de África.
Las primeras acciones de represión fueron contra los militares que no se sumaron al golpe. El jefe militar de Melilla, el general Romerales, fiel a la república, fue fusilado, acusado por los golpistas de rebelión militar. La misma pena fue aplicada por el General Mola al jefe de la división orgánica de Burgos, el general Doménech Batet, fusilado el 18 de febrero de 1937. De hecho, esta acción se repitió a menudo con los mandos militares y civiles que se mantuvieron fieles a la República y se negaron a colaborar con los golpistas. Esto ponía de manifiesto que los insurrectos, desde el principio, querían imponer una nueva legalidad mediante la violencia, aunque fuera tergiversando la ley existente.
El 18 de julio se alzó en Sevilla el general Gonzalo Queipo del Llano y, durante la noche del 18 al 19, el general Mola y otros jefes militares declararon el estado de guerra en el resto de España.
Desde el primer momento, el territorio nacional quedó dividido en dos zonas en función del éxito que obtuvieron los militares sublevados. Prácticamente se reproducía el mapa resultante de las elecciones de febrero de 1936; salvo casos aislados, los militares triunfaron en aquellas provincias donde fueron más votadas las candidaturas de derechas, mientras que fracasaron en aquellas donde la victoria electoral correspondió al Frente Popular.
De esta forma, los rebeldes habían triunfado en la España rural (Castilla, Aragón, Galicia, Navarra, Álava, norte de Extremadura y parte de la Andalucía occidental, además de Mallorca y Eivissa, Canarias y el protectorado de Marruecos). El resto del país se mantuvo fiel a la República, que conservaba las ciudades más importantes y las zonas industriales. Por tanto desde el punto de vista económico el bando republicano tenía ventaja.
Las tropas africanas, además, habían quedado frenadas en el estrecho de Gibraltar, donde la Armada, que se había mantenido mayoritariamente al lado de la República, les cerraba el paso.
De cualquier forma, el comienzo de la guerra estuvo vinculado al plan establecido previamente por los conspiradores en la primavera de 1936 y en el que participaron mandos militares (la antirrepublicana Unión Militar Española (UME) y la Junta de generales (de la que Emilio Mola era el coordinador), monárquicos, tradicionalistas (carlistas) y otros sectores de extrema derecha).
En las primeras semanas del levantamiento, en la España leal a la República se crearon numerosos comités locales y provinciales que asumieron de manera espontánea la administración de los ayuntamientos y de las instituciones para garantizar el abastecimiento, la asistencia social, la creación de milicias populares, el orden público, las comunicaciones, etc. El gobierno de la República, los gobiernos del País Vasco y de Cataluña, y los alcaldes continuaban representando la legalidad formal, pero no tenían los resortes reales del poder ni la capacidad de hacer cumplir sus decisiones.
Así durante los tres primeros días del golpe, que eran esenciales para sofocarlo, el Gobierno tuvo tres presidentes, Santiago Casares Quiroga, el día 18; Diego Martínez Barrio (que intentó sin éxito, pactar con el General Mola) el día 19 y José Giral, el día 20, este ultimo repartió armas entre los sindicatos y partidos que las pidieron (esta fue una decisión muy polémica, ya que no todos estaban de acuerdo).
El poder popular, espontáneo, plural y contradictorio, a pesar de no tener unidad ni coherencia política consiguió, durante los tres primeros meses, desplazar en las decisiones a los políticos. En algunas ocasiones y en determinadas zonas se cometieron muchos abusos de poder y numerosos asesinatos, sobre todo asesinatos a miembros del clero.
Además, en la zona de la República, el Ejército prácticamente había desaparecido, ya que el Gobierno había licenciado a todos los soldados que realizaban el servicio militar con la ingenua intención de restar base a los rebeldes. Obviamente, en el bando insurrecto no sucedió lo mismo. Por eso, el esfuerzo militar de los republicanos en los primeros meses de la guerra fue asumido por las milicias populares, formadas por civiles voluntarios bajo asesoramiento militar, y organizados por los grupos políticos de izquierda y por los sindicatos.
En la zona insurrecta, los generales rebeldes fueron sustituyendo, mediante el uso de la violencia, a los alcaldes, los gobernantes, los jefes militares, etc., que representaban la legalidad vigente. Muchos de los responsables, militantes o simpatizantes de los sindicatos y de los partidos que integraban el frente Popular fueron asesinados o fusilados sin juicio.
La respuesta a la insurrección militar había dejado a España dividida en dos zonas, cada una con un ideario radicalmente diferente, el plan conspirador había fracasado y el pretendido pronunciamiento decimonónico se convertiría en una guerra larga y cruel de tres años, que los insurrectos no habían previsto.
Conviene tener presente, además, que la población civil quedó situada forzosamente en un bando o en otro, sin poder decidir sobre su adscripción ideológica, ni sobre las actuaciones sociales y económicas de ninguna de las dos zonas.
Tropas el 19 de julio.
Edificios con carteles falangistas
Pueblo en el si triunfó el alzamiento.
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Acerca de...
Trabajo hecho para la clase de historia de Europa Actual de Ingenieria Quimica de la URJC.
