TRABAJO_GUERRA_CIVIL_ESPAÑOLA

EL PREAMBULO DE LA GUERRA.


Los militares sublevados en julio de 1936 justificaron su insurrección por un motivo básico: salvar a España de una inminente dictadura comunista que llegaría con la ayuda de la masonería. Según ellos, la acción militar era un movimiento nacional inevitable, ya que el pueblo español corría riesgo de aniquilamiento. Pero este planteamiento no era cierto, aunque la respuesta popular de carácter revolucionario, inmediatamente posterior al alzamiento, pudiera hacerlo creer. En 1936 el Partido Comunista de España contaba tan solo con 14 diputados (y ello gracias al hecho de haberse presentado en las listas del Frente Popular) y seguía las directrices de Moscú, que desde 1932 preconizaba la alianza o el apoyo a gobiernos democráticos para frenar la expansión de fascismo en Europa. Además las relaciones del comunismo con la masonería para conspirar no existieron nunca.

Pero es innegable que durante la primavera de 1936 se produjo en España un deterioro importante del orden público y que el gobierno no actuó con bastante firmeza y habilidad. Esta situación contribuyó a radicalizar la división social e ideológica del país.

El 18 de febrero de 1936, después de las elecciones, el presidente de la república, Niceto Alcalá Zamora, encargo la formaron del gobierno a Manuel Azaña, quien empezó a aplicar inmediatamente el programa del frente popular que se basaba en cuatro ejes principales: la continuación de la reforma agraria, la intensificación del desarrollo de la política educativa, la amnistía de los presos políticos y el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña, así como la aprobación de los estatutos de autonomía del País vasco y Galicia.

El 7 de abril, Alcalá Zamora, fue destituido de la Presidencia de la Republica y en su lugar fue elegido, el 10 de Mayo, Manuel Azaña. La presidencia del Gobierno la asumió el político republicano y nacionalista gallego Santiago Casares Quiroga. Pero ni Azaña ni Casares Quiroga pudieron evitar el deterioro progresivo del orden público del cual solo se salvaron en parte Cataluña y el País Vasco.

El desorden público se manifestó básicamente de tres maneras: en primer lugar, la violencia en el campo, con huelgas y ocupaciones de tierra (en Andalucía y Extremadura) y otros conflictos laborales. En segundo lugar, los ataques a edificios eclesiásticos, la quema de conventos, realizados por grupos de espontáneos a partir de de rumores absurdos, por ejemplo la quema de conventos en Madrid el 11 de mayo, por grupos incontrolados tras la provocación de jóvenes monárquicos, que habían instalado un gramófono que emitía la marcha real y que se podía oír desde la calle; otro ejemplo es la petición del gobierno de destituir a los obispos que, como el cardenal Segura (arzobispo de Toledo) elogiaban al rey en sus pastorales.

Por último, los atentados políticos, por los grupos de ideologías extremistas (falangistas, y monárquicos por un lado y los anarquistas y comunistas por otro).

El más significativo de estos atentados fue el que costo la vida al diputado y dirigente monárquico José Calvo Sotelo, el 13 de Julio del 36., perpetrado por miembros de la Guardia de Asalto, como represalia por el asesinato de José Castillo, ( teniente de la Guardia de Asalto) cometido días antes por los falangistas. Este atentado causo gran impacto entre los miembros de la derecha y los militares, que ya preparaban la insurrección contra la República.

Además, se constató un incremento de las actividades de violencia de la Falange Española de y de la JONS. Esta violencia fue causa de la persecución legal del partido e incluso la detención y encarcelamiento de su líder, José Antonio Primo de Rivera, acusado de organizar alteraciones del orden público y de tenencia ilícita de armas.



La Falange planteaba una alternativa autoritaria al régimen parlamentario, de acuerdo con la ideología fascista que había triunfado en Italia (Mussolini). Tanto la Falange como los Carlistas (especialmente de Navarra) estaban preparando unidades paramilitares.

Se observó una radicalización en los sectores del PSOE y entre los anarcosindicalistas del la CNT. En el PSOE se produjo una división interna entre loas partidarios de la revolución social, sector radical liderado por Francisco Largo Caballero, y un sector moderado cuyo dirigente principal era Indalecio Prieto.

En el Congreso de Zaragoza que tuvo lugar en Mayo de 1936, la CNT confirmó su posición revolucionaria y antirrepublicana con un programa de acción radical en el que proponía la supresión del culto religioso público, la confiscación de todos los bienes productivos, la organización colectiva de la propiedad y la creación de de comunas libres, que implicaban una organización autogestionaria y la consiguiente desaparición del Estado. Esta radicalización tuvo su reflejo en la sociedad, visible, sobre todo, en las poblaciones pequeñas.

A pesar de esta situación, la guerra no era inevitable debido a la actitud y la voluntad golpista de un sector del ejército, que estaba dividido desde el principio del periodo republicano en las asociaciones clandestinas Unión Militar Española (UME), de derechas y antirrepublicana; y la Unión Militar Republicana Antifascista (UMRA), organizada en 1934 para contrarrestar a la UME y cuyo máximo dirigente era el oficial comunista Eleuterio Díaz.

Desde el momento que se proclamó la República hubo una parte del ejército que se mostró abiertamente hostil al nuevo régimen y no dejo de conspirar.

Entre las numerosas conspiraciones contra la Republica, destacan los sucesos de la noche de las elecciones de Febrero de 1936. Cuando se conoció el triunfo electoral del Frente Popular, el General Franco, Jefe de estado Mayor, propuso la declaración de estado de guerra, a lo que se opusieron el Ministro de la Guerra, (General Nicolás Molero) y el director general de la Guardia Civil, (el general Sebastián Pozas).

El gobierno de la República, era consciente de este peligro y por eso situó como jefes de las capitanías generales a militares de probada fidelidad republicana. Y por el contrario los generales menos adictos al régimen republicano fueron enviados a capitanías poco importantes o insulares: Franco a Canarias; Manuel Poded a Mallorca…

Sin embargo fue el general Emilio Mola, de escasa fe monárquica y destinado en Pamplona el que finalmente organizó el golpe de estado.

Los primeros días de marzo de 1936, empezaron a tramarse varias conspiraciones, grupos de generales, por una parte, y de políticos de la Comunión Tradicionalista (carlista) de Falange Española y de Renovación española por otra.

A partir de Abril, fue el general Mola quien prepararía una red golpista más consistente, que obtendría la confianza de todos los movimientos antirrepublicanos.

El golpe preparado por Mola tenía que ser, según sus intenciones, una acción rápida en la que, a diferencia de otros golpes de Estado, habría que utilizar el grado de violencia que fuera necesario con el fin de triunfar en pocos días.

Previsto para finales de Julio, el golpe de Estado se adelantó al día 18 del mismo mes, en parte por el impacto emocional que causó entre los conspiradores el asesinato de José Calvo Sotelo. Este político, antiguo ministro de la época de la dictadura de Primo de Rivera, tenía gran prestigio entre los militares conjurados y se había distinguido por el tremendismo al analizar la situación del momento y por las acusaciones contra la Republica en los discursos en el Congreso de los Diputados.

La conspiración militar estaba en conexión con una trama civil de importantes terratenientes y financieros, como el mallorquín Joan March, que el 11 de Julio hizo llegar al Norte de África un avión alquilado, el Dragon Rapide, para trasladar al general Franco de Canarias a Marruecos en el momento en el que se produjera el alzamiento militar.